Puntos clave sobre la aprobación del libro sexto del código civil catalán, por parte del parlamento de Cataluña

10 de febrero de 2017

El Pleno del Parlamento aprobó este miércoles, el proyecto de ley del libro sexto del Código Civil de Cataluña, que culmina la codificación del derecho civil catalán y que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2018.

Estos son los aspectos más destacados:

Vivienda:

- El libro sexto regula todos los contratos, entre los cuales destacan el de permuta y el de compraventa, que el contrato civil por excelencia.

Precisamente, el libro sexto comporta un aumento de la protección del consumidor en esta materia.

- La Ley establece que el comprador de una vivienda podrá echarse atrás y recuperar las arras si una entidad de crédito le deniega la financiación necesaria para la ejecución de la operación, cosa que evitará el volumen actual de demandas por esta casuística.

- En relación con las personas que ya son titulares de hipotecas, la Ley establece obligaciones para protegerlas del fondo de inversión que puedan comprar paquetes de créditos.

- El libro sexto también prevé el contrato de masovería urbana, que consiste en alquilar espacios a cambio de arreglarlos y de mantenerlos.

Nuevas realidades sociales:

- El libro sexto regula el violario (pensión vitalicia) y el contrato de alimentos, por el cual una de las partes se obliga a prestar alojamiento, manutención, asistencia y atención a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital, en bienes o derechos. (Es para dar una respuesta a las realidades sociales vinculadas a la gente mayor).

Evitar las judicializaciones innecesarias:

- Por ejemplo, se ahorra la necesaria intervención de un juez en casos de interrogatio in iure; es decir, cuando uno de los herederos no acepta ni rechaza una herencia, cosa que paraliza la aceptación por parte del resto. El Código Civil establece que la intervención de un notario será suficiente para desencallarlo.

Derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual:

Los jueces deberán pronunciarse de manera expresa sobre el derecho a voto de todas las personas con discapacidad intelectual que pasen por un proceso de incapacitación judicial. Se quiere impedir que, automáticamente, pierdan el derecho a voto las personas con dicha discapacidad. El derecho a voto es un derecho fundamental. No obstante, en Cataluña hay 4.000 personas que no podrán ejercerlo porque han pedido este derecho a través de una sentencia de incapacitación.

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