Principales medidas aprobadas por el Real decreto ley 15/2020 de 21 de Abril relacionadas con el arrendamiento de locales.

 

El Real decreto ley publicado al BOE el día 22 de abril, dispone, en relación al arrendamiento de uso diferente al de vivienda, medidas que se aplicarán en función del tipo de arrendador:

 

1) SI EL ARRENDADOR ES UN “GRAN TENEDOR” (puede ser persona física o jurídica y tiene que tener más de 10 inmuebles, excluyendo garajes y trasteros o una superficie construida de más de 1.500 m²)

En este caso, el arrendatario podrá solicitar al arrendador en el plazo de un mes desde el día 23 de abril de 2020, una moratoria en el pago de la renta. Esta petición tendrá que ser aceptada por el arrendador y se aplicará de forma automática durante todo el periodo que dure el estado de alarma y los meses siguientes y en cualquier caso durante un máximo de cuatro meses.

La renta se aplicará sin ninguna penalización ni intereses y se tendrá que pagar de forma fraccionada durante el plazo de dos años como máximo.

Esta medida se aplicará si el arrendador-arrendatario no han llegado a un acuerdo respete el pago de la renta de forma voluntaria.

2) SI EL ARRENDADOR ES UN “PEQUEÑO TENEDOR” (puede ser persona física o jurídica y tiene que tener 10 inmuebles o menos)

En este caso, el arrendatario podrá solicitar al arrendador en el plazo de un mes desde el día 23 de abril de 2020, un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta. En este caso, el Real decreto ley no establece que el arrendador tenga que aceptar la petición del arrendatario.

Así mismo, también se regula la posibilidad de utilizar el importe de la fianza para cubrir la totalidad o una parte de los recibos de alquiler pendientes de pago. En este caso el arrendatario tendrá que volver a pagar esta fianza en el plazo máximo de un año desde que haya el acuerdo entre las partes y en cualquier caso antes de la finalización del contrato.

 

Finalmente, hay que indicar que el Real decreto ley también dispone que el arrendatario tendrá que ser un autónomo o una pyme que reúna unas características determinadas.

En el caso de los autónomos tienen que sido de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores de Mar.

Su actividad tiene que haber quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y si no es así, tendrán que acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que solicita el aplazamiento en un 75% como mínimo en relación de la facturación mediana mensual del trimestre al que pertenece este mes referido en el año anterior.

 

Si el arrendatario es una pyme, no tiene que superar los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real decreto legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedad de Capital.

Así mismo, su actividad tiene que haber quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y si no es así, tendrán que acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que solicita el aplazamiento en un 75% como mínimo en relación de la facturación mediana mensual del trimestre al que pertenece este mes referido en el año anterior.

 

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