El acceso del personal de inspección de Hacienda en el domicilio personal o social

1 de marzo de 2017

En los últimos tiempos se está haciendo más habitual el inicio de oficio de actuaciones inspectoras de la AEAT mediante la visita, sin previa comunicación, de un Inspector en la empresa.

¿Qué hacer en estos casos?

En primer lugar, habrá que ver donde pretende realizar el registro la inspección. Genéricamente la inspección puede acceder sólo con una simple autorización administrativa a todos los lugares de la empresa donde pueden acceder terceros (clientes, proveedores etc), pero necesita una autorización judicial para acceder al "domicilio constitucionalmente protegido".

¿Cuál es este domicilio constitucionalmente protegido? En casos de personas físicas lo es la vivienda particular, pero también cualquier otra vivienda o "sitio" (habitación de hotel, embarcación, caravana...), donde se viva durante unos días. En casos de personas jurídicas lo son todas las dependencias de la empresa donde no tiene acceso el público, las zonas privadas de la empresa (ya sean para reuniones o para trabajar con tranquilidad). Para poder acceder a estas dependencias la inspección necesitará o bien una orden judicial (donde detalle el alcance, motivación y proporcionalidad de la búsqueda, así como la identidad de quien debe poder entrar), o el permiso de la persona preceptiva.

Y, ¿quién es la persona que puede autorizar la entrada de la inspección?

En una vivienda particular cualquier persona que viva puede negarse a la entrada de nadie, es necesaria la autorización de una persona, pero también que ninguno de los habitantes se niegue. En una empresa sólo la persona con poderes podrá autorizar la inspección a entrar en las dependencias "constitucionalmente protegidas", es decir, el administrador, el gerente o el consejero según cada caso. En administraciones mancomunadas hay que tener la autorización de ambos (o más) administradores que estén presentes en ese momento.

Evidentemente, siempre podemos consentir la entrada, sin embargo, este consentimiento debe ser expreso y, sobre todo, debe darse teniendo la información por parte del inspector de lo que representa, y para qué se pide permiso. Es decir, la inspección nos informará de la repercusión que puede tener nuestra aceptación voluntaria al acceso a la empresa.

También hay que saber que esta manera de actuar sólo tiene sentido cuando la administración piensa que no podría obtener la información que desea de ningún otro modo y, por tanto, debe estar muy justificada y motivada.

Finalmente, debemos tener muy en cuenta la protección de datos, en el sentido de que una entrega "indiscriminada" de información a un inspector puede hacer incurrir en un delito de entrega de datos de terceros que no podemos dar y, por tanto, en muchos casos será prudente pedir un plazo para entregar los datos con contenido fiscal, separándolos de los datos sin contenido fiscal de nuestros clientes, proveedores etc, que estamos obligados a proteger.

 

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